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¿Ley de amarre o derecho al trabajo? La verdad tras la protección de los funcionarios públicos de carrera

En medio de la recta final hacia el cambio de mando, el concepto de “ley de amarre” se ha instalado en la agenda pública como una granada de fragmentación. Impulsada por la oposición y el comando de José Antonio Kast, la narrativa asegura que el actual gobierno busca “blindar” a sus operadores políticos mediante normas incluidas en el proyecto de reajuste del sector público 2025. Sin embargo, la evidencia técnica apunta a una realidad distinta: la protección de la estabilidad laboral de quienes sostienen la estructura del Estado, independientemente del gobierno de turno.  

La distinción crítica: ¿Quiénes se van el 11 de marzo?

La piedra angular de la desinformación en este caso es la omisión de la diferencia entre cargos de confianza y funcionarios de carrera. El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, ha sido categórico: quienes desempeñan funciones de exclusiva confianza cesan sus funciones el 11 de marzo. La norma en disputa no protege a estos asesores políticos, sino que eleva el estándar para despedir o no renovar a funcionarios a contrata y de carrera.  

El texto legal establece que la no renovación de una contrata “se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado”, lo que obliga al Estado a presentar criterios objetivos y acreditables. Según el Ejecutivo, esta medida no es una innovación arbitraria, sino que formaliza en la ley lo que hoy ya exigen los dictámenes de la Contraloría y fallos judiciales previos.  

El impacto real: 380 mil trabajadores bajo la lupa

Se estima que hasta 380 mil funcionarios públicos podrían verse beneficiados por esta exigencia de fundamentación. Para el Partido Republicano y el comando de Kast, esto constituye un “corralito” para proteger a “cercanos al Presidente”. No obstante, desde el Ministerio del Trabajo defienden que el objetivo es evitar despidos masivos y políticamente motivados, garantizando que el aparato estatal no se desmantele cada cuatro años por razones ideológicas.  

La polémica radica en que estas reglas se incorporan en una ley de reajuste anual y no en una reforma estructural al Estatuto Administrativo. Pero más allá de la ubicación normativa, el fondo del conflicto es una pugna por el control del Estado: mientras la oposición lo ve como una limitación a su futura gestión, el oficialismo lo presenta como un avance en derechos laborales y certeza jurídica para los trabajadores públicos.  

Esta entrada es del sitio anterior de Informe:Chile y se conserva tal como se publicó.

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