La “Normalización” del Plan Implacable: El primer mes de Kast entre gestos republicanos y sombras offshore

Hace un mes el país despertó con una imagen que pocos proyectaban hace años: José Antonio Kast cruzando el umbral de La Moneda como presidente electo tras un aplastante 58,16%. La puesta en escena ha sido quirúrgica. Desde su reunión con el presidente saliente Gabriel Boric para un traspaso ordenado el 11 de marzo, Kast ha intentado mutar de “cruzado moral” a “estadista sobrio”. Sin embargo, bajo el barniz de los gestos institucionales, la estructura de poder que se asoma parece ser un reciclaje de la derecha tradicional que él mismo juró jubilar.
La “motosierra”, símbolo que encendió a las masas durante la campaña, fue guardada bajo llave en el foro de Icare. “Nosotros no usamos motosierra”, declaró Kast ante el gran empresariado, intentando domesticar su imagen de cara al anuncio de su gabinete este 20 de enero. Esta flexibilidad táctica no es nueva: ya lo vimos con su giro copernicano sobre el Ministerio de la Mujer en 2021 y su errática postura ante el proceso constitucional, donde pasó de defender la Constitución de 1980 a redactar una propuesta partisana rechazada por la ciudadanía .
Pero el pragmatismo tiene límites éticos que la prensa oficialista prefiere omitir. Mientras Kast se presenta como el adalid del orden, su historial legislativo revela un muro sistemático contra los derechos civiles: desde su voto en contra de la Ley de Divorcio en 2004 hasta su feroz oposición a la despenalización del aborto. Peor aún, su discurso nacionalista de “Chile Primero” colisiona con la opacidad financiera de su familia, vinculada a movimientos de capital por 45 millones de dólares en sociedades offshore en Panamá.
Este doble estándar se traslada ahora a su agenda de “emergencia económica”. Bajo la promesa de sincerar las cuentas, Kast ha anunciado un severo ajuste fiscal de US$6.000 millones en 18 meses, mientras simultáneamente impulsa una rebaja tributaria para grandes empresas del 27% al 23%. Su asesor y futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya anticipa una liberalización del suelo y la eliminación de regulaciones para “liberar las amarras de la inversión”.
Es la paradoja final: un Estado que se encoge para el ciudadano —vía fusión de ministerios y recortes de gasto— pero que se vuelve hiper-eficiente para garantizar la rentabilidad corporativa. El “sentido común” de Kast parece detenerse donde comienzan sus intereses privados y los de sus mecenas en Icare. Chile entra en una era donde el orden prometido podría ser, en realidad, el prólogo de un retroceso democrático y social diseñado a la medida de la élite.
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