El Congreso despachó esta semana la reforma que amplía las facultades para expulsar a extranjeros con órdenes firmes.

La PDI podrá pedir autorización judicial para entrar a domicilios y detenerlos, habrá registro biométrico obligatorio para adultos en situación irregular y el plazo de reclamo judicial baja a cinco días en ciertos casos. En el Senado tuvo 37 votos a favor y una abstención; aún le falta el trámite constitucional para entrar en vigor.
El Gobierno de Kast suma 1.874 expulsiones administrativas y judiciales en 2026 al 10 de octubre, más que en todo 2025, y propone subir el presupuesto para expulsiones a $11.604 millones en 2027 (+190%).
Especialistas advierten riesgos para el debido proceso: Adriana Palomera (Usach) cuestiona el plazo de cinco días e Isabel Severín (UNAB), que la expulsión pueda notificarse a un correo entregado por un tercero. Édgar Fuentes-Contreras (U. de los Andes) descarta un «ICE a la chilena»: no se crea una policía migratoria autónoma y se mantiene el control judicial.
Vía El Mostrador.
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