La investigación por soborno, cohecho y lavado de activos, que involucra a la exministra Ángela Vivanco y a su pareja, no solo revela una presunta red para favorecer a un consorcio privado en perjuicio de Codelco, sino que instala una crisis de confianza sin precedentes en la cúpula del Poder Judicial.
El denominado “Caso Muñeca Bielorrusa” ha escalado hasta convertirse, según fuentes de la investigación, en uno de los escándalos de corrupción judicial más significativos de las últimas décadas en Chile. La investigación penal, dirigida por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, indaga una compleja trama de presunto tráfico de influencias y cohecho en la cúpula de la judicatura, cuyas implicaciones políticas y económicas golpean directamente a dos instituciones clave del Estado: el Poder Judicial y la minera estatal Codelco.
El núcleo del caso radica en una serie de fallos emitidos por la Tercera Sala de la Corte Suprema, entonces presidida por la ministra Ángela Vivanco. Estas resoluciones revirtieron una decisión judicial previa que obligaba al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) a pagar 20 millones de dólares a Codelco por incumplimientos contractuales. En un giro controversial, el tribunal supremo obligó a la estatal a desembolsar más de 17.500 millones de pesos a CBM.
La Fiscalía investiga si estos fallos fueron el resultado de pagos ilícitos. Actualmente, están formalizados por cohecho, soborno y lavado de activos la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Contra la exministra Vivanco, se interpuso una querella de capítulos para investigar su presunta responsabilidad en tráfico de influencias y negociación incompatible; dicha querella ya fue acogida a trámite por la Corte de Apelaciones.
Las Evidencias de la Fiscalía y el Perjuicio al Estado
La gravedad del caso se sustenta en las pruebas expuestas durante las audiencias de formalización. El Ministerio Público detalló una cronología que vincula directamente los hitos judiciales favorables a Belaz Movitec con flujos de dinero hacia los imputados.
Según la carpeta investigativa, se detectaron pagos por más de 69 millones de pesos, los cuales habrían sido triangulados a través de cheques fraccionados, contratos simulados e intermediarios, como conservadores de bienes raíces. Uno de los episodios más reveladores es la denominada “ruta de los US$ 15.600”: días después de un fallo clave, Gonzalo Migueles fue georreferenciado cambiando dicha suma en efectivo (dólares) en una sucursal bancaria para depositarla en su cuenta personal, sin que existiera justificación legal para el origen de esos fondos.
A esto se suman escuchas telefónicas expuestas en la audiencia, donde los imputados aludirían a pagos destinados a Vivanco. Estas pruebas han llevado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) a querellarse por soborno, cohecho y lavado, reforzando la tesis de que se operó para intervenir fallos en directo perjuicio de Codelco, el principal activo del Estado chileno.
Impacto Institucional: La Crisis de la Judicatura
Más allá del perjuicio patrimonial a Codelco, las implicaciones políticas se centran en el severo daño a la fe pública y la gobernanza judicial. El caso ha instalado un escrutinio sin precedentes sobre la transparencia, los conflictos de interés y los vínculos entre magistrados y litigantes en el máximo tribunal del país.
La investigación no solo cuestiona la probidad de una exministra, sino que pone en jaque la integridad de las decisiones de la Corte Suprema, alimentando la percepción de que fallos de alto impacto económico pueden ser vulnerables a influencias indebidas. La sola admisión a trámite de la querella de capítulos contra Vivanco es un hecho procesal de enorme envergadura política, que obliga al sistema judicial a investigarse a sí mismo en su nivel más alto.
Mientras el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago evalúa la solicitud de prisión preventiva para Migueles, Vargas y Lagos, el “Caso Muñeca Bielorrusa” avanza, dejando tras de sí una estela de dudas sobre la fortaleza de los controles de integridad en el Poder Judicial y abriendo un debate urgente sobre las reformas necesarias para blindar a la justicia de la corrupción.
Cronología Clave: Los Hitos Judiciales y las Pruebas de la Fiscalía
La investigación del Ministerio Público ha trazado una línea de tiempo que vincula las decisiones judiciales con movimientos financieros específicos, presentados como evidencia clave durante la formalización:
2023 (Inicio del Litigio en la Suprema):
Hecho Judicial: La ministra Ángela Vivanco asume la presidencia temporal de la Tercera Sala y lidera el fallo que revierte una decisión de la Corte de Apelaciones. Se obliga a Codelco a pagar más de $17.500 millones a Belaz Movitec, en lugar de que Belaz pague 20 millones de dólares a la estatal.
4 de julio de 2023 (Primer Hito Financiero):
Hecho Judicial: Coincide con un fallo favorable al consorcio CBM.
Evidencia de Fiscalía: Se registra una transferencia de $79 millones al estudio jurídico de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.
11 de diciembre de 2023 (Segundo Hito Financiero):
Hecho Judicial: Ocurre un nuevo fallo que implica un pago de $4.400 millones desde Codelco a Belaz.
Evidencia de Fiscalía: Se detectan nuevas transferencias por $198 millones, seguidas de operaciones de cambio a dólares que fueron entregados en efectivo.
14 de marzo de 2024 (Tercer Hito Financiero):
Evidencia de Fiscalía: Se registra que Gonzalo Migueles (pareja de Vivanco) recibe $45 millones en efectivo, los cuales son depositados de manera fraccionada por intermediarios.
Hitos de Evidencia (Presentados en Formalización):
Evidencia (La “Ruta de los US$ 15.600”): Días después de un fallo clave, la Fiscalía georreferenció a Gonzalo Migueles en una sucursal del BCI. Allí, cambió 15.600 dólares en efectivo a pesos chilenos (aprox. $12 millones) y los depositó en su cuenta personal. La fiscalía subraya que las cartolas bancarias de Migueles y Vivanco no registran ingresos legales que justifiquen ese dinero.
Evidencia (Escuchas Telefónicas): Se exponen audios de conversaciones entre Mario Vargas y Gonzalo Migueles donde se alude explícitamente a los pagos. Se mencionan frases como que el dinero “lo de la bielorrusa va directo para Vivanco” y que los fondos deben llegar “a las manos de la ministra”.
Evidencia (Contratos Simulados): Se presentaron contratos de servicios jurídicos entre el consorcio y los abogados imputados por altas sumas, los cuales, según la fiscalía, no tenían respaldo real de servicios prestados y se usaron para blanquear el dinero del soborno.
Octubre – Noviembre 2025 (Etapa Procesal):
Hecho Judicial: Se ordena la detención y se realizan allanamientos en los domicilios de Vivanco, Migueles, Vargas y Lagos. Se inicia la formalización de estos últimos tres por cohecho, soborno y lavado de activos.
Hecho Judicial: El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presenta una querella contra todos los involucrados, incluyendo a la exministra, por la gravedad de los delitos y el perjuicio fiscal.
Hecho Judicial: La Corte de Apelaciones acoge a trámite la querella de capítulos presentada contra Ángela Vivanco, paso necesario para investigar penalmente a una magistrada.
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